Impactos ambientales en Venezuela durante el 2008.

Impactos ambientales en Venezuela durante el 2008.

En Venezuela, durante los últimos 10 años, se ha observado un deterioro en materia ambiental sobre todo en el área de presupuesto, el abandono que se observa en los parques nacionales es muy importante, la decisión del gobierno nacional en cerrar los parques a las ONG del ambiente ha sido un grave error pues ha permitido que las mafias madereras pongan sus manos sobre las importantes reservas forestales presentes en ellos.

En materia de legislación ambiental, Venezuela alcanzo los niveles más importantes pues ha creado leyes y ordenanzas de avanzada a nivel mundial, pero que muy pocas veces se ejecutan. Es pues Venezuela un país con mucho potencial ambiental por explotar.

Esta pendiente la creación de un parque nacional en lo que hoy es la reserva forestal del Caura y solucionar muchos problemas ambientales como:

Manejo inapropiado de los residuos sólidos domésticos (basura) y de los rellenos sanitarios existentes en el país, en particular dentro del área metropolitana de Caracas. Especial preocupación existe por la cantidad de vertederos manejados sin criterios técnicos, sanitarios y ambientales, y la lenta transformación de los mismos en rellenos sanitarios debidamente administrados.

Contaminación atmosférica debida a la alta densidad del parque automotor de las principales ciudades, el poco mantenimiento de los vehículos particulares y de transporte público y la deficiente supervisión y control de las fuentes fijas y móviles por parte de las autoridades competentes.

Persistencia de la minería ilegal en el sur del país.

Proyectos agrícolas, turísticos y de infraestructura, locales, regionales y nacionales, que parecieran no contar con las debidas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) que establece el marco jurídico vigente, incluyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Presupuesto deficitario especialmente para el manejo de las áreas protegidas, particularmente aquellas con fines de protección como presupuestos para Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre. Ello ha limitado su planificación, monitoreo y conservación

Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda), Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar).

Deforestación para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte, sin la correspondiente reforestación de sus zonas próximas.

Pérdida de la biodiversidad debido a la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y el sobre-aprovechamiento de animales y plantas silvestres, principalmente en zonas protectoras y/o de amortiguamiento de las ciudades.

Participación limitada de los sectores científicos, académico, tecnológico y las ONG en las consultas públicas promovidas por diversas autoridades, para tratar temas ambientales y proyectos normativos específicos.

Contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por biocidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes.

Cacería furtiva particularmente en Los Llanos.

Inseguridad en algunas áreas naturales protegidas próximas a varias ciudades del país, que debilitan la propia actuación oficial en su protección y su uso por parte de la ciudadanía.

Débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública, y en especial de las EIAs de los grandes y medianos proyectos de desarrollo.

Carlos Luis Leal Ollarves